CADENA PERPETUA

CADENA PERPETUA

 

 

 

 

INTRODUCCION

 

CONSTITUCIONALIDAD DE LA CADENA PERPETÚA EN COLOMBIA

 

¿ESTÁ PREPARADO EL PAÍS PARA ASUMIR LA CADENA PERPETUA?

 

PROS Y CONTRAS DE LA PROPUESTA

 

CONCLUSION

 

 

 

INTRODUCCIÓN

 

 

Se operaba en el mundo una grave crisis de orden institucional que desembocaba debido a las medidas represivas del delito, en acaloradas discusiones sobre la violación de los derechos humanos y sobre la regresión en la imposición de las penas. Colombia no ha escapado de dicha situación; pero el Estado incapaz de implantar cambios, acude al sistema represivo formulando primero el Estatuto Antiterrorista y proponiendo luego la Cadena Perpetúa para los máximos delitos de la época (máxima criminalidad, aumento de masacres, magnicidios, secuestros, narcotráfico, sedición armada, etc.). Inmediatamente se escuchan las voces del Comité permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, rechazando la constitucionalidad de tal medida que atenta contra la dignidad humana y anula los derechos humanos.

 

 

 

CONSTITUCIONALIDAD DE LA CADENA PERPETÚA EN COLOMBIA.

 

En Colombia, si bien existió la pena de muerte en épocas muy pretéritas, no puede decirse lo mismo de la Cadena Perpetúa que solo existió como pena accesoria.

 

 

Para continuar es imprescindible determinar que la si la cadena Perpetúa es establecida a través de un decreto Legislativo, es verdaderamente constitucional en un país que vive en estado de Sitio. (Esto determinaba la Constitución nacional de 1886 en su artículo 121).

 

 

El decreto legislativo 2490 del 30 de noviembre de 1988 en sus artículos 1° y 2°, estableció la Cadena Perpetúa para los delitos de homicidio con fines terroristas cometidos por grupos armados no autorizados legalmente. Este decreto fue dictado por el presidente regente en aquel entonces, el doctor Virgilio Barco, invocando en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confirió el Estado de Sitio implantado mediante el Decreto 1038 de 1984.

 

Este tipo de medidas, tiene por objetivo aumentar en forma excepcional las atribuciones policivas del Gobierno como medio para restablecer el orden público alterado.

 

 

Sin embargo con el Estado de Sitio no se suprimen las leyes, sino que solo se suspenden las que sean incompatibles con el mismo, pero dejan de regir “ipso facto” al levantarse el Estado de Sitio y cuando cesen las causas que lo motivaron.

 

El decreto 2490 fue impugnado por inconstitucionalidad en todo su articulado y para, los oponentes basaron la inconstitucionalidad en la violación del artículo 121 de la Carta Máxima que regía que regía en el momento. La Cadena Perpetúa resulta violadora no solo de la Constitución, sino también el hecho de que es una obligación irredimible, circunstancia proscrita por nuestro ordenamiento constitucional. Y además viola la norma rectora de legalidad por cuanto este tipo de pena no se encontraba prevista en la ley para los delitos al tiempo de establecer la norma.

 

 

El decreto 2490 tiene vigencia indefinida y con vocación de permanencia que no puede ser decretada sino por el ejecutivo.

 

Tras la Asamblea Constituyente llego la Nueva Carta de Navegación y con esta el artículo 34 que establecía la prohibición de las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación. Los criterios para imponer la pena respetan los principios de dignidad humana y proporcionalidad, tienen en cuenta no solo la gravedad del crimen sino las circunstancias personales del condenado. Tales tratamientos fueron autorizados por el Acto Legislativo No. 02 de 2001 y operan exclusivamente en el ámbito del ejercicio de las competencias atribuidas por el Estatuto de la Corte Penal Internacional y el Tribunal Penal Internacional de las Naciones Unidas.

 

Colombia a través de sus autoridades debe cumplir ejemplarmente con el Estatuto de la Corte Penal Internacional, y los crímenes más graves descritos en ese código fundamental deben ser investigados, juzgados y sus autores y participes condenados, agotándose así los recursos internos, subsidiariamente ese Tribunal Internacional asumirá la competencia.

 

En consecuencia, el Código Penal y las demás leyes penales especiales no pueden válidamente circunscribir o limitar la extensión jurisdiccional atribuida ya por nuestra Carta Magna o los Tratados de los que la Nación es parte a los crímenes de derecho internacional. El extremo contrario implicaría un menoscabo evidente a la Constitución nacional y a los convenios internacionales que la república libremente se ha comprometido a cumplir y respetar.

 

 

 

¿ESTÁ PREPARADO EL PAÍS PARA ASUMIR LA CADENA PERPETUA?

 

 

 

Los legisladores, es decir, los congresistas, tendrían que pensar con ‘cabeza fría’ si en realidad al país le conviene tener en su legislación la cadena perpetua para quienes violen los derechos de los menores de edad o si por el contrario, lo prudente es endurecer el sistema de justicia.

 

 

La polémica surge en medio de una resentimiento generalizado contra el padre del menor de 11 meses muerto a manos de su progenitor por evadir la responsabilidad de la manutención; y justo en el momento en que ya hacía curso en las calles, la recolección de firmas para apoyar un referendo a favor de la cadena perpetua para este castigar delitos de este tipo.

Sin embargo, el presidente Álvaro Uribe le salió al paso a la propuesta y en declaraciones a medios nacionales afirmó que en su concepto, el país no tiene una cultura propicia para implantar la pena perpetua.

Pero más tardó el Jefe de Estado en pronunciarse, que el fiscal general de la Nación, Mario Iguarán, en salir en defensa de la iniciativa: “el país tampoco tenía cultura para la reelección y ahí está. No había cultura para la elección popular de alcaldes y gobernadores y ahí está”, dijo en sus declaraciones.

Se abre entonces el debate sobre si los colombianos y si el sistema de justicia estarían preparado para asumir este reto.

Teniendo en cuenta que ayer los voceros de los partidos políticos en la Cámara de Representantes acordaron radicar un proyecto de acto legislativo para implantar este castigo, Vanguardia Liberal consultó con algunos expertos qué podría ser más viable para el país. La discusión apenas comienza.

 

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PROS Y CONTRAS DE LA PROPUESTA

 

 

Para el senador Juan Manuel Galán, antes de pensar en la posibilidad de implantar una pena perpetua, hay que considerar los problemas estructurales de la administración de justicia.

“Si no somos capaces de hacer cumplir las penas que están establecidas hoy, la prisión perpetua sería un saludo a la bandera.

“Si no se hace una reforma a la Justicia, dándole herramientas de independencia presupuestal,  no habrá mucho qué hacer”.

Más bien -considera el Senador Liberal- debería existir una política pública de salud mental. “Entiendo que es una propuesta muy popular, la gente está impactada por todo lo que ocurrió y quiere hacer algo y sí, hay que canalizar ese resentimiento, pero Colombia no debe escoger el camino fácil.

“No es poner más penas, creo que la solución es tratar la causa y no el efecto. Por lo menos deberíamos tener un instituto de salud mental”.

Una postura similar asumió el director regional de la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación, CNRR, David Augusto Peña, quien considera que la cadena perpetua sería procedente siempre y cuando el país esté preparado mental y estructuralmente.

“Si tenemos dificultades con los problemas carcelarios de hoy, que hay hacinamiento, ¿qué pasaría con quienes sean condenados a prisión perpetua?
“Otra cosa sería comenzar a sensibilizar y crear una cultura por el respeto de la vida. Con la cadena perpetua se respeta la vida y se castiga un delito”.

Y ¿creer en las instituciones?    Pero el sicólogo de la CNRR, Roberto Reyes Gámez, fue más allá.
El Especialista explicó que hay que tener en cuenta que en Colombia apenas estamos creando una cultura en torno a la aplicación de justicia.

“Se han creado unos imaginarios de las personas que terminan por influir si creen o no en las instituciones. Apenas estamos en un proceso de volver a creer y la prisión perpetua daría como resultado más credibilidad en los procesos de justicia y penal.-

“En este momento no ha avanzado un proceso en Colombia de fortalecimiento de las instituciones y por ende tampoco ha habido transformación en el imaginario de la gente, aún hay duda de la Justicia, pero eso no se corrige con penas más fuertes. Hay que cambiar la cultura de la muerte por la cultura de la vida”.

Sin embargo, el vicepresidente de la República Francisco Santos, fue contundente ayer y dijo: “una persona que comete un crimen de esos, con un ser humano tan indefenso como un niño de 11 meses, lo desprecio y no sé si tenga derecho a vivir…hablo de puro corazón, no de cabeza, no sé si merezca pasar toda su vida en la cárcel a costa de nosotros, los contribuyentes.

 

 

 

CONCLUSION

 

 

La Cadena Perpetúa en vez de contribuir al restablecimiento del orden público, propiciaría la perpetuación del régimen legal lo que se traduciría en una violencia mucho más generalizada que destruye todo concepto de resocialización.